La muerte de la menor Dafne Zapata en un campamento de la Academia Militarizada de Marina Doenitz en Ciudad Madero encendió las alarmas en el estado y puso al descubierto la red de planteles que operan bajo disciplina castrense.

Un análisis al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Econóómicas (DENUE) del INEGI reveló la existencia de siete instituciones y agrupaciones registradas de manera oficial bajo denominaciones militarizadas o asociadas al entrenamiento táctico-deportivo en la entidad.

El registro oficial permite ubicar estos espacios en diversos municipios, entre los que destacan la Academia Doenitz en Ciudad Madero, el Colegio Militarizado Calmecac y el Bachillerato Militarizado en Reynosa, así como el Colegio Militarizado Juan Escutia en Altamira.

Adicionalmente, la plataforma contempla las sedes del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario ubicadas en Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, las cuales operan bajo distintas clasificaciones que van desde escuelas privadas de educación básica hasta clubes y planteles deportivos.

A pesar de la presencia de estas unidades en el directorio gubernamental, el titular de la SEP, Mario Delgado, afirmó que la educación militarizada no está permitida por la Ley General de Educación ni por la Constitución para el sector privado.

Sin embargo, esta postura contrasta con la realidad administrativa de las instituciones, ya que por años han funcionado con licencias, registros y Claves de Centro de Trabajo (CCT) otorgados por las propias autoridades para impartir niveles como primaria, secundaria o bachillerato.

Esta contradicción ha generado un vacío regulatorio que las escuelas han aprovechado para promocionar una oferta basada en el orden y la disciplina, mientras que las autoridades educativas las avalaban como planteles particulares convencionales.

Al deslindarse bajo el argumento de que la modalidad castrense no está reconocida en los planes de estudio, las secretarías de educación omitieron la inspección de los entrenamientos, permitiendo que los menores fueran sometidos a adiestramientos de alto riesgo y castigos sin los protocolos adecuados de protección civil.

Como respuesta y para evitar la suspensión de sus actividades, algunos planteles en el estado ya han comenzado a modificar su razón social, eliminando términos como “militar” o “militarizado” de su nombre oficial de cara al ciclo escolar 2026-2027.

No obstante, activistas y familiares señalan que el simple cambio de denominación o la clausura reactiva resulta insuficiente si no se erradican los modelos de entrenamiento intensivo de raíz.

Ante este panorama, colectivos y ciudadanos impulsan la propuesta de la “Ley Dafne”, una iniciativa legislativa que busca prohibir expresamente cualquier tipo de disciplina o instrucción de corte militarizado impartida a menores de edad por parte de particulares en todo el país.