Ciudad de México.— El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, junto a otras siete personas, comparece este viernes de manera remota para enfrentar formalmente las acusaciones que los vinculan con una red de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. La diligencia judicial se desarrolla entre las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) en la capital del país —donde se encuentra físicamente el exmandatario— y el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, el “Altiplano”, sede de la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) apuntan a que esta estructura delictiva operaba el trasiego de combustible desde Texas, Estados Unidos, hacia territorio nacional utilizando más de cien carrotanques ferroviarios. El modus operandi consistía en declarar el ingreso de 10 mil litros de combustible por contenedor, cuando en realidad introducían 110 mil litros, evadiendo sistemáticamente las normativas de importación y el pago de los impuestos correspondientes.

Este esquema de “huachicol fiscal” fue presuntamente operado a través de la empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel figura como accionista mayoritario. Según las indagatorias de las autoridades federales, tan solo entre enero y julio de 2025, estas operaciones ilícitas provocaron un quebranto a las arcas de la nación estimado en 4 mil millones de pesos.

La audiencia inicial arrancó a la una de la tarde, pero tras una hora de sesión, la juzgadora decretó un receso. La pausa fue concedida a petición de los abogados defensores del político que gobernó Baja California entre 1989 y 1995, quienes solicitaron tiempo para imponerse del contenido de la causa penal 253/202 antes de continuar con el desahogo de las pruebas.

La diligencia judicial se reanudará a las 19:00 horas a puerta cerrada y sin acceso a los medios de comunicación. Durante esta segunda fase, la FGR expondrá el esquema probatorio que detalla los volúmenes de hidrocarburo traficado, las ganancias ilícitas y la red de transferencias financieras nacionales e internacionales utilizadas para ocultar los recursos. En caso de que la jueza determine que existen elementos suficientes para dictar la vinculación a proceso, el exgobernador será trasladado e ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano para enfrentar su proceso judicial en reclusión.