Ciudad de México.— En lo que va de la actual administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, un total de 53 servidores públicos han sido formalmente vinculados a proceso por delitos relacionados con actos de corrupción, ejercicio abusivo de funciones y desvío de recursos públicos, de acuerdo con los informes presentados por las instancias de procuración de justicia y la Secretaría de la Función Pública.

Las acciones ministeriales han alcanzado a mandos medios y superiores de distintas dependencias federales bajo el argumento de mantener una política de cero impunidad ante el dispendio y el manejo irregular del erario. Sin embargo, el listado de los 53 funcionarios procesados ha generado intensas críticas y cuestionamientos entre analistas políticos y opositores, debido a una notable ausencia: en el registro judicial no figura el gobernador Rubén Rocha ni ninguno de los otros políticos y operadores gubernamentales que han sido señalados públicamente por agencias de seguridad e instancias de Estados Unidos por supuestos nexos con la delincuencia organizada.

Omisiones en la red de responsabilidades

La disparidad entre los procesos penales anunciados por la fiscalía contra la corrupción administrativa y la falta de acciones judiciales en los casos de alto perfil vinculados al narcotráfico transnacional —cuyas indagatorias han sido ventiladas desde el extranjero— pone en evidencia los límites institucionales para investigar y sancionar redes de complicidad política de mayor envergadura. Mientras la administración federal presume los avances en la depuración interna y el combate al peculado, sectores críticos advierten que la justicia sigue operando bajo filtros selectivos que protegen a figuras clave de la clase política nacional.