El año 2025 quedará marcado en la historia reciente de México por el combate al llamado huachicol fiscal, modalidad de contrabando de combustible que utiliza documentación falsa para evadir impuestos. El puerto de Tampico fue el escenario principal de esta operación, con decomisos que superaron los 15 millones de litros de diésel ilegal y que destaparon una red de corrupción de alto nivel.

El episodio más emblemático ocurrió el 19 de marzo de 2025, cuando el buque Challenge Procyon, con bandera de Singapur y procedente de Texas, arribó al puerto declarado como cargamento de “aditivos para aceites lubricantes”. Una inspección reveló que transportaba 10 millones de litros de diésel ilegal, lo que detonó un operativo masivo encabezado por la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El decomiso incluyó armas, 192 contenedores y tractocamiones, y fue calificado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como un “golpe histórico” contra el contrabando de combustible.

Las investigaciones posteriores revelaron que entre 2024 y 2025 ingresaron al menos 31 embarcaciones con combustible ilegal, facilitadas por sobornos millonarios en aduanas y en la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tampico. Un exdirector de aduanas confesó haber recibido 24.5 millones de pesos para permitir el paso “invisible” de estos buques.

Las consecuencias incluyeron la detención de 14 personas, entre marinos y civiles, así como el despido de entre 25 y 30 trabajadores portuarios vinculados con la manipulación de sistemas de vigilancia.

Tras el escándalo, la Secretaría de Marina removió en mayo de 2025 al almirante retirado Rubén Alfonso Vargas Suárez como director de Asipona Tampico, nombrando en su lugar al vicealmirante Jaime Herrera Romo, quien anunció una depuración interna y la instalación de sistemas de videovigilancia de última generación.

Además, se activó la plataforma Puerto Inteligente Seguro (PIS) para digitalizar procesos y reforzar la supervisión, mientras que la Operación Frontera Norte intensificó cateos, decomisos y detenciones en la región.

Hoy, el puerto de Tampico opera bajo un nivel de vigilancia sin precedentes. Aunque las investigaciones continúan, el caso ha sido considerado un esfuerzo clave para recuperar la integridad institucional y proteger el erario público, en un contexto donde el contrabando de combustible se había convertido en una práctica sistemática.

La magnitud del decomiso y las medidas posteriores colocan a Tampico como un referente nacional en la lucha contra el huachicol fiscal, pero también como un recordatorio de las vulnerabilidades que persisten en el sistema portuario mexicano.