Organismos de derechos humanos denunciaron a dependencias de seguridad y migración por presunto acoso institucional contra repartidores en situación de movilidad durante esquemas de revisión vehicular en la Ciudad de México.

Instituciones de seguridad pública, en coordinación con las dependencias de control migratorio, implementaron esquemas de revisión a conductores de motocicletas en la Ciudad de México, lo que derivó en señalamientos por presunto acoso institucional en contra de personas en situación de movilidad que laboran como repartidores de plataformas digitales. La ejecución de estos mecanismos operativos ha generado el escrutinio de organismos defensores de derechos humanos ante posibles vulneraciones al debido proceso.

Los reportes documentados por organizaciones civiles establecen que los protocolos de fiscalización ejecutados por los elementos policiales y el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) exceden las atribuciones estrictas de control vehicular. Los dictámenes preliminares advierten una focalización sistemática hacia este sector demográfico, requiriendo la presentación de documentación migratoria bajo la justificación de inspecciones de tránsito, lo que contraviene los lineamientos constitucionales de libre tránsito y no discriminación.

Ante la reiterada incidencia de estas prácticas, las instancias de defensa jurídica exigieron a las autoridades gubernamentales la reestructuración inmediata de los lineamientos de revisión y la instauración de mecanismos de rendición de cuentas para el personal involucrado. Se proyecta que las representaciones legales correspondientes interpongan recursos para frenar la criminalización de la población migrante y garantizar que las políticas de seguridad ciudadana operen con irrestricto apego a los marcos normativos en materia de derechos humanos.