El Senado de la República determinó posponer la discusión y el proceso de la elección judicial, prolongando el debate legislativo en torno a la renovación de los órganos de impartición de justicia.

La decisión en la cámara alta generó reacciones inmediatas en el ámbito político nacional, destacando la coyuntura que involucra a las administraciones de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y el mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante el impacto directo que estos nombramientos tienen en las entidades federativas.

Durante los trabajos parlamentarios, las diferentes fracciones acordaron que no existían las condiciones de consenso necesarias para avanzar con la votación en el pleno. Los coordinadores legislativos argumentaron la urgencia de realizar un análisis más exhaustivo tanto de los perfiles propuestos como de los mecanismos de selección, con el propósito de garantizar la imparcialidad y la autonomía institucional. Este aplazamiento obliga a las comisiones dictaminadoras a replantear los tiempos técnicos del procedimiento.

Analistas y especialistas en materia legislativa advierten que esta pausa en el cronograma oficial incrementa la tensión entre los distintos bloques partidistas y frena temporalmente la agenda de justicia federal. Se espera que en las próximas semanas la Junta de Coordinación Política establezca una nueva ruta de trabajo para destrabar los acuerdos, mientras los diversos actores estatales continúan las labores de cabildeo para definir el rumbo definitivo del proceso de selección.