El cerco se cierra y la cúpula cede ante la presión, pero sin dar la cara. El senador morenista por Sinaloa, Enrique Inzunza, señalado directamente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) de operar como enlace institucional del Cártel de Sinaloa, solicitó licencia para separarse de su escaño. Con esta maniobra, el legislador evita presentarse en el periodo extraordinario de sesiones que arranca este jueves, dejando la responsabilidad a su suplente, el arquitecto Omar Alejandro López Campos.

La salida de Inzunza no obedece a un acto de rendición de cuentas, sino a una estrategia política calculada desde la cúpula de su partido. El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier, admitió abiertamente que la decisión fue pactada tras una valoración del grupo parlamentario. “No lo vamos a ver. Ya les quitamos el show”, declaró Mier, reduciendo con evidente cinismo las gravísimas acusaciones internacionales de narcotráfico a un mero “circo” de la oposición.

Victimismo detrás de la pantalla Fiel a la estrategia de evasión que ha mantenido su grupo político en las últimas semanas, Inzunza evitó los micrófonos y se limitó a publicar su postura en redes sociales. En su mensaje, el senador justificó su repliegue argumentando ser víctima de una “embestida mediática” orquestada por “personeros y medios de la derecha”.

Aunque afirmó encontrarse en la Ciudad de México y presumió que en su vida como servidor público siempre ha sido “cabal en el cumplimiento de sus deberes”, esa supuesta rectitud no le alcanzó para enfrentar al pleno del Senado. Prefirió el autoexilio legislativo, asegurando que seguirá las comisiones a la distancia para apoyar a su bancada.

El manto de impunidad y el hartazgo ciudadano El cobijo institucional que Morena le otorga a Inzunza profundiza el descontento de una sociedad hastiada de la opacidad. Ignacio Mier calificó la fuga de su compañero como una decisión “prudente y sensata” orientada a preservar la discusión de dos reformas constitucionales prioritarias para el oficialismo.

Sin embargo, para la ciudadanía, la lectura es clara y decepcionante: el aparato gubernamental prefiere esconder a sus figuras señaladas de pactar con el crimen organizado antes que exigirles transparencia. Mientras los tamaulipecos y el resto del país observan cómo se normaliza la corrupción, en el Senado de la República la prioridad es “cuidar la unidad del grupo”, demostrando que en las altas esferas del poder, la lealtad partidista sigue siendo el mejor escudo contra la justicia.