La Cámara de Diputados recibió formalmente una solicitud para iniciar un proceso de juicio político en contra de la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

El recurso legal fue interpuesto ante la Secretaría General del recinto legislativo en San Lázaro, bajo el argumento de presuntas violaciones a la normatividad constitucional y omisiones operativas en el ejercicio de la administración pública estatal.

El documento acusatorio señala presuntas irregularidades vinculadas al manejo de los recursos públicos y a determinaciones políticas que, de acuerdo con los promoventes, vulneran el Estado de derecho en la entidad. La petición se inscribe en un contexto de constantes fricciones con legisladores de oposición y diversos sectores de la sociedad civil, quienes exigen el deslinde de responsabilidades institucionales frente a la gestión de la mandataria.

De acuerdo con el protocolo legislativo, el expediente técnico deberá ser turnado a la Subcomisión de Examen Previo para su análisis y desahogo. Este órgano parlamentario será el encargado de revisar los alegatos y determinar si se cuenta con los elementos jurídicos probatorios suficientes para dar procedencia al procedimiento sancionador o, en su defecto, dictaminar el desechamiento de la petición por falta de sustento legal.