La Cámara de Diputados enfrenta un rezago histórico en materia de rendición de cuentas, al acumular aproximadamente mil 200 solicitudes de juicio político que permanecen congeladas en sus archivos.

Este estancamiento legislativo evidencia la parálisis de los mecanismos institucionales diseñados para sancionar a servidores públicos de alto nivel acusados de violaciones graves a la Constitución, desvío de recursos o mal desempeño de sus funciones.

El cuello de botella se concentra principalmente en la Subcomisión de Examen Previo, órgano legislativo encargado de analizar la viabilidad legal de estas demandas y determinar si proceden para una eventual sanción. Sin embargo, la falta de consensos partidistas y los constantes cálculos políticos han provocado que la gran mayoría de estos expedientes, que involucran a gobernadores, magistrados, consejeros y secretarios de Estado, queden archivados sin siquiera ser sometidos a un análisis preliminar.

Especialistas en derecho parlamentario y organizaciones de la sociedad civil han advertido que el juicio político en México ha perdido su naturaleza de control constitucional para convertirse en un instrumento de protección o presión electoral. La acumulación de estas demandas refleja la ineficacia del sistema de responsabilidades, dejando en la incertidumbre y la potencial impunidad posibles actos de corrupción, y limitando el acceso a la justicia administrativa que exige la ciudadanía frente a los abusos del poder público.