Sinaloa.— La política sinaloense atraviesa un momento de parálisis e incertidumbre. Han pasado dos semanas desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) formalizó acusaciones por narcotráfico contra el gobernador —ahora con licencia— Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros funcionarios estatales. Desde entonces, el rastro de los principales señalados se ha esfumado del ojo público.

La crisis estalló el pasado 29 de abril, cuando la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York materializó los amagos de la administración de Donald Trump. La justicia estadounidense acusa a Rocha Moya y a nueve personas más, incluyendo autoridades de seguridad locales, de mantener vínculos operativos con el Cártel de Sinaloa, sugiriendo un presunto pacto criminal durante las elecciones estatales de 2021.

Cronología del repliegue de Rocha Moya

• 29 de abril: El DOJ anuncia las acusaciones. Rocha Moya rechaza los señalamientos, calificándolos de un ataque personal y un embate contra el movimiento de la Cuarta Transformación.

• 30 de abril: El mandatario estatal descarta solicitar licencia y asegura “no tener temor”. Ese mismo día, encabeza un evento del programa “Fertilizantes para el Bienestar” en el municipio de Navolato.

• 1 de mayo: Ante la presión política, Rocha Moya cambia de postura y anuncia su solicitud de licencia temporal, luego de que la FGR (encabezada por Ernestina Godoy) confirmara el inicio de una investigación paralela. “Tengo la conciencia tranquila”, declaró en un video. Ese mismo día, realiza su última publicación en redes sociales sobre un convenio con la CFE.

• 2 de mayo: El Congreso de Sinaloa aprueba en sesión extraordinaria la licencia de Rocha y designa a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

• 4 de mayo: El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirma que Rocha Moya cuenta con una escolta de seguridad personal asignada “por recomendación”.

El enigma de Inzunza y el silencio institucional

A la par de la desaparición mediática de Rubén Rocha, destaca el total hermetismo en torno al senador morenista Enrique Inzunza, quien también figura en el expediente judicial de Nueva York. Hasta la fecha, Inzunza no ha emitido pronunciamientos públicos ni ha retomado sus actividades legislativas de manera formal.

A ellos se suman las acusaciones contra el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el subprocurador de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra.

A 15 días de que estallara el escándalo binacional, el paradero exacto tanto del gobernador con licencia como del senador es desconocido. Mientras la Fiscalía General de la República avanza en su investigación para determinar la veracidad de las pruebas aportadas por Estados Unidos, el silencio de los señalados alimenta las especulaciones sobre posibles acuerdos de cooperación, estrategias legales de evasión o el temor a una inminente orden de aprehensión con fines de extradición.