Un análisis de las cifras oficiales y registros de organizaciones civiles ha revelado un incremento crítico en los asesinatos de efectivos policiales durante la actual administración del gobernador Rubén Rocha Moya.

Este fenómeno, que ha encendido las alarmas en el sector de seguridad, refleja el alto grado de vulnerabilidad que enfrentan los agentes estatales y municipales en medio de la pugna que mantienen facciones del crimen organizado en la entidad, situando a los uniformados en la primera línea de fuego de un conflicto que no da tregua.

El repunte en los ataques directos y emboscadas ha generado una profunda preocupación entre las corporaciones, donde el riesgo de ejercer el deber se ha multiplicado en los últimos meses. De acuerdo con los datos recabados, la frecuencia de estos actos violentos no solo supera registros de periodos anteriores, sino que también evidencia una falta de equipamiento y estrategias de protección efectivas para quienes integran las fuerzas del orden. Esta situación ha derivado en un clima de incertidumbre que afecta directamente la operatividad y la moral de los elementos encargados de la vigilancia ciudadana.

Ante este escenario, diversos sectores de la sociedad civil y colectivos defensores de los derechos de los policías han exigido al Gobierno del Estado una revisión urgente de los protocolos de seguridad y una mejora sustancial en las prestaciones para las familias de los agentes caídos. La exigencia principal radica en que el combate a la delincuencia no puede recaer en una fuerza pública desprotegida, instando a las autoridades a pasar de los discursos de apoyo a acciones concretas que frenen la letalidad de los ataques contra quienes portan el uniforme en Sinaloa.