Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos de activistas han alzado la voz para denunciar y condenar el incremento de operativos y redadas orquestadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) en supuesta coordinación con las políticas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Las agrupaciones señalan que estas acciones han desatado una ola de persecución que vulnera gravemente las garantías fundamentales de las personas en situación de movilidad que transitan por territorio nacional.

A través de pronunciamientos públicos, los defensores de migrantes expusieron que las recientes intervenciones migratorias se han llevado a cabo con uso excesivo de la fuerza y bajo condiciones de opacidad. Según los reportes documentados por la sociedad civil, las autoridades han desplegado cercos en zonas de tránsito, terminales de autobuses y las inmediaciones de albergues humanitarios, provocando pánico, separaciones familiares y la detención arbitraria de cientos de personas sin garantizarles el derecho al debido proceso ni la oportunidad de solicitar refugio.

El endurecimiento de los controles fronterizos y la alineación operativa entre las agencias de ambos países responden, de acuerdo con los colectivos, a una estrategia de contención que prioriza la criminalización sobre la atención humanitaria integral. Alertaron que la presión ejercida por el gobierno estadounidense ha convertido a México en una barrera de contención de facto, forzando a los contingentes migratorios a desviarse hacia rutas cada vez más aisladas y peligrosas, donde quedan a merced de las redes del crimen organizado y la extorsión.

Ante este crítico panorama, las organizaciones no gubernamentales exigieron al gobierno federal el cese inmediato de las redadas masivas y la revisión de sus protocolos de actuación migratoria. Asimismo, solicitaron la intervención de observadores internacionales para auditar el desempeño de los agentes del INM, demandando que las políticas de Estado se enfoquen en garantizar un tránsito seguro, ordenado y digno, en lugar de replicar tácticas punitivas que únicamente agravan la crisis humanitaria en la región.