El choque diplomático y judicial entre México y Estados Unidos ha escalado al máximo nivel. En respuesta a la histórica acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y una decena de funcionarios por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trazó una línea inquebrantable desde Palacio Nacional: si Washington no presenta pruebas contundentes, el Gobierno de México considerará que la imputación tiene un objetivo estrictamente político y advirtió que no se tolerará la injerencia extranjera.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la jefa del Ejecutivo dio lectura a un posicionamiento oficial en el que confirmó la recepción de 10 solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Los documentos fueron entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la noche del martes 28 de abril y turnados inmediatamente a la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, Sheinbaum reveló que la Cancillería mexicana ya emitió un extrañamiento jurídico contra el gobierno estadounidense, luego de que la Fiscalía de Nueva York hiciera públicos los cargos el miércoles 29 de abril, violando la confidencialidad que exigen los tratados bilaterales en la materia.

La presidenta calificó el hecho como un acto inédito en la historia de la República, subrayando la gravedad de que una nación extranjera solicite la extradición de un gobernador, un senador y un alcalde en funciones. Aunque fue enfática al asegurar que su administración “no va a proteger a nadie” si se comprueban los delitos, manifestó un profundo escepticismo sobre la solidez de la investigación norteamericana. Cuestionó abiertamente que el único elemento probatorio difundido hasta ahora por el Departamento de Justicia sea un documento con imágenes de supuestos pagos de sobornos escritos a mano en una hoja de papel. “¿Cuál es la motivación si esas pruebas no están?”, increpó la mandataria.

El futuro legal de la cúpula política sinaloense queda ahora en manos de las autoridades mexicanas. La FGR, a través de su fiscalía especial para asuntos internacionales, ha iniciado una investigación paralela para determinar si existen datos de prueba reales que justifiquen solicitar a un juez nacional las órdenes de aprehensión correspondientes.

“Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía”, sentenció Sheinbaum Pardo, dejando en claro que México mantiene una relación de iguales y no de subordinación. “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.