El beneficio gubernamental que permitió la legalización de miles de vehículos de procedencia extranjera en Tamaulipas incluye una restricción que hoy amenaza con convertirse en un dolor de cabeza judicial para muchos: los llamados “autos chocolate” no pueden ser vendidos ni transferidos a terceros. Las autoridades estatales han emitido una alerta tajante advirtiendo que cualquier intento de comercialización informal mantendrá la responsabilidad legal y penal sobre el propietario que realizó el registro original.

El director de las Oficinas Fiscales de Tamaulipas, Marcelo Olán Mendoza, fue el encargado de clarificar los límites del decreto presidencial que concluyó el 31 de diciembre de 2025. El funcionario explicó que el trámite de regularización, el cual tuvo un costo único de 2,500 pesos, fue diseñado estrictamente como un apoyo personal e intransferible para familias de escasos recursos. Por lo tanto, el Gobierno de Tamaulipas no autoriza ni procesará ningún trámite de cambio de propietario para estas unidades, advirtiendo a la ciudadanía que evite caer en engaños de supuestos gestores.

El riesgo de la venta informal La advertencia institucional radica en las severas consecuencias civiles y penales de ceder el vehículo por la vía de los hechos. Si un automóvil regularizado es vendido de manera informal a un tercero y posteriormente se ve involucrado en un accidente de tránsito o es utilizado en la comisión de un ilícito, la justicia buscará única y exclusivamente a la persona cuyo nombre aparece en el Registro Público Vehicular (REPUVE). Las autoridades recalcan que el derecho de circulación de estas unidades está condicionado al uso personal y exclusivo del dueño registrado, y su vida legal concluye únicamente cuando el vehículo es dado de baja definitiva por deterioro natural en las oficinas fiscales.

A nivel nacional, el programa logró la regularización de 2 millones 987 mil 839 vehículos hasta noviembre de 2025, inyectando más de 7,300 millones de pesos que fueron destinados de manera directa a los municipios participantes para obras de pavimentación e infraestructura vial. Mientras que la administración de Tamaulipas asegura haber priorizado un orden estricto en los módulos de atención —contrastando con las complicaciones y el desorden reportados en estados vecinos como Nuevo León y San Luis Potosí—, el reto actual de la dependencia se concentra en frenar un mercado negro de reventa. Las autoridades exhortan a los propietarios a acercarse a los módulos oficiales para aclarar cualquier duda sobre su registro, pues deshacerse de estas unidades de forma irregular podría costarles su libertad y su patrimonio.