La administración del alcalde morenista de Matamoros, José Alberto Granados Fávila, sumó un segundo golpe judicial en Estados Unidos con el procesamiento federal de Luis Miguel Garduño Castañeda, exfuncionario municipal detenido en posesión de más de 10 kilogramos de cocaína. 

El expediente radicado en la Corte del Distrito Sur de Texas, confirma que el imputado llevará su proceso en libertad condicional bajo fianza tras el pago de un depósito en efectivo, quedando sujeto a una estricta vigilancia que le impide retornar a territorio mexicano.

El magistrado federal Jason B. Libby fijó una fianza de 50 mil dólares, de los cuales se cubrió un depósito de 2 mil dólares ante el tribunal. Las condiciones de liberación, oficializadas este 20 de abril de 2026, sujetan al exfuncionario del Ayuntamiento de Matamoros a las siguientes medidas cautelares bajo la supervisión de la Oficina de Libertad Condicional:

• Restricción de movilidad: Tránsito limitado exclusivamente a las divisiones judiciales de Brownsville y McAllen.

• Permisos de traslado: Autorización única para viajar a Corpus Christi con fines legales y de comparecencia.

• Prohibición de retorno: Impedimento estricto para cruzar hacia México sin la aprobación expresa y por escrito de la corte federal.

• Aislamiento de la investigación: Prohibición absoluta de mantener contacto, directo o indirecto, con potenciales coacusados o coconspiradores.

Garduño Castañeda debe comparecer ante el tribunal cuando se le requiera y, si es condenado, debe entregarse según se le indique para cumplir una sentencia que el tribunal pueda imponer.

Este procesamiento judicial no es un hecho aislado para el círculo cercano del edil morenista. En febrero de 2025, la DEA detuvo en Texas a Edgar Alejandro Villarreal, conocido como “La Fresa”, identificado por autoridades federales como el principal operador financiero de Beto Granados. Aquella captura marcó el inicio de una serie de señalamientos internacionales contra la administración de Matamoros por vínculos con estructuras del narcotráfico.

A la par de las detenciones de sus colaboradores, la situación migratoria del propio Beto Granados ha sido objeto de cuestionamientos institucionales. En abril de 2025, trascendió la revocación de la visa de entrada a Estados Unidos del alcalde, y aunque el edil sostuvo públicamente poseer el documento, su ausencia física en eventos binacionales estratégicos ha sido constante. 

El caso más reciente fue la nula participación presencial del alcalde en las festividades del Charro Day, donde históricamente la representación de Matamoros es fundamental, evidenciando el cerco judicial y migratorio que rodea a su gestión mientras sus funcionarios enfrentan procesos por tráfico de drogas en cortes texanas.