Rechaza MC regulación periodística; advierte censura
La iniciativa legislativa promovida por la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para instituir un mecanismo gubernamental de regulación sobre la ética periodística generó el rechazo técnico de la representación de Movimiento Ciudadano en el cabildo local.
El regidor Daniel Pérez Vázquez determinó que el proyecto normativo vulnera de manera directa los parámetros de libertad de expresión garantizados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El dictamen de la oposición señala que la estructuración de mecanismos de control estatal sobre los medios de comunicación constituye una restricción indirecta al ejercicio informativo y fomenta un esquema de autocensura por parte de los operadores.
El escrutinio del marco legal propuesto revela una asimetría en las prioridades del Poder Legislativo frente a los indicadores de vulnerabilidad del gremio periodístico en la entidad. La representación edilicia argumentó que la evaluación de los criterios éticos corresponde exclusivamente a los órganos internos de los medios informativos, limitando la jurisdicción del Estado en esta materia. Pérez Vázquez especificó que la instrumentación de extrañamientos oficiales sienta un precedente administrativo que habilita la futura aplicación de sanciones de mayor gravedad, configurando una intervención sistemática y directa en las líneas de redacción.
La postura de la oposición exige redireccionar el análisis parlamentario hacia la consolidación operativa de los esquemas de protección física y jurídica para los comunicadores. El funcionario fundamentó esta exigencia en la estadística nacional que cataloga al país como una jurisdicción de alta letalidad para el ejercicio de la prensa. La directriz política confirma el rechazo a cualquier instrumento normativo que faculte al aparato gubernamental para condicionar la libre manifestación de ideas, priorizando el requerimiento de garantías de seguridad por encima de la imposición de códigos de conducta oficialistas.

