La incidencia del delito de extorsión en la capital del país registró un incremento estadístico del 265 por ciento durante el último ciclo anual.

Los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentan una transición de 473 carpetas de investigación en 2024 a mil 728 expedientes consolidados al cierre de 2025. La tendencia al alza mantiene su progresión operativa durante el primer bimestre de 2026, periodo en el cual se contabilizaron 248 denuncias formales, indicador que representa un aumento del 169 por ciento en comparación con la incidencia del mismo periodo del año inmediato anterior.

Ante la evidencia cuantitativa, la Jefatura de Gobierno concretó la firma del Pacto contra la Extorsión. Este instrumento de política pública congrega a representantes del Poder Judicial, dependencias de seguridad, corporaciones empresariales y organizaciones civiles para estructurar un mecanismo de coordinación interinstitucional. En paralelo, la administración local anunció la integración de una iniciativa de reforma legislativa orientada a recategorizar la extorsión como un delito grave, lo cual habilitaría la aplicación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar estándar durante los procesos de orden penal.

En el ámbito de procuración de justicia, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México reporta la ejecución de un promedio de 400 audiencias mensuales vinculadas a este ilícito. Este volumen de judicialización resulta en el procesamiento de aproximadamente 100 imputados cada 30 días. El análisis de los indicadores oficiales confirma la expansión de este esquema criminal, situación que exige a las corporaciones de seguridad la implementación de estrategias tácticas basadas en inteligencia de datos para revertir la curva ascendente de la incidencia en los sectores comerciales de la entidad.