Un nuevo programa de la Secretaría de Desarrollo Energético (SEDENER) en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), enfocado en la modernización del alumbrado público en Tamaulipas, ha levantado serios cuestionamientos por su carácter centralista y excluyente. A pesar de presentarse como una iniciativa de apoyo municipal, las reglas de operación imponen condiciones restrictivas que marginan a la gran mayoría de las comunidades en el estado, concentrando los recursos federales en las zonas urbanas de mayor peso electoral.

El programa, que busca la sustitución de luminarias de vapor de sodio y aditivos metálicos por tecnología LED, impone un requisito de elegibilidad de al menos 25,000 habitantes. En el estado de Tamaulipas, esta condición deja fuera a 28 de los 43 municipios, limitando el acceso a los supuestos beneficios solo a las siguientes quince localidades: Aldama, Altamira, Ciudad Madero, El Mante, González, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Tula, Valle Hermoso y Victoria. Legisladores y alcaldes de la oposición han denunciado que este diseño profundiza la desigualdad en la entidad y perpetúa un modelo de gobernanza que ignora las necesidades de las poblaciones rurales y de menores recursos, que también padecen los efectos de un alumbrado público ineficiente e inseguro.

Cuestionan la transparencia y la efectividad del programa

El discurso oficial, encabezado por el secretario Walter Julián Ángel Jiménez, ha promovido el programa bajo la bandera de la “eficiencia energética” y la supuesta reducción del 25% en la facturación mensual para los municipios. No obstante, críticos de la oposición advierten que estas proyecciones de ahorro son a menudo exageradas y no contemplan los elevados costos de implementación y mantenimiento de la nueva tecnología. Asimismo, han expresado preocupación de que este esquema, que depende fuertemente de recursos federales, aumente la dependencia de los ayuntamientos de la federación en detrimento de la autonomía municipal, un pilar fundamental del federalismo que el actual gobierno parece debilitar.

A pesar de que el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Rendón Mares, defendió las ventajas de las luminarias LED y su compatibilidad con sistemas avanzados de “smart lighting”, persisten las dudas sobre si estos sistemas complejos son una prioridad real para municipios que a menudo carecen de los recursos más básicos y del personal capacitado para operarlos y mantenerlos. Para la oposición, el enfoque gubernamental parece estar más centrado en la adopción de tecnologías de moda que en resolver de fondo las carencias estructurales de los servicios públicos municipales de manera integral y sostenible.

Un esquema de financiamiento con “letras chiquitas”

El esquema de financiamiento propuesto, que contempla una inversión a fondo perdido de hasta el 70% de la inversión inicial, y el pago del 30% restante sin intereses en un plazo de cinco años o menos a través de los ahorros de energía generados, es visto con recelo por diversos sectores. Se ha cuestionado si esta es una forma de comprometer las finanzas municipales a largo plazo basándose en proyecciones inciertas de ahorro energético, y si la CFE realmente cumplirá con los descuentos prometidos de manera inmediata. Legisladores de oposición han advertido que estos programas federales a menudo vienen con condiciones ocultas que limitan la autonomía municipal y perpetúan un modelo centralista de gobernanza que busca controlar los recursos y las decisiones desde el centro del país.