Ni la vigilancia vial ni la seguridad pública se salvan de la sombra de la corrupción. Con un promedio de hasta diez denuncias semanales y un acumulado de 231 carpetas de investigación por abuso de autoridad en un año, la Guardia Estatal y las corporaciones de tránsito municipal se han consolidado como el epicentro de la corrupción en Tamaulipas. Datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) confirman un patrón sistémico: quienes tienen la tarea de “cuidar” a la ciudadanía encabezan la lista de presuntos delincuentes con uniforme.

La radiografía del abuso

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Andrés Norberto García Repper Favila, reveló que el flujo de acusaciones no se detiene. La recurrencia de estos reportes refleja una constante en las quejas ciudadanas, donde la vigilancia vial y la seguridad pública se han convertido en el escenario principal del uso ilícito de atribuciones.

La información obtenida vía transparencia por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) revela que el catálogo de irregularidades es más profundo y grave de lo que sugieren las simples faltas administrativas; el desglose de la Fiscalía muestra que la corrupción en Tamaulipas roza la criminalidad de alto impacto con las siguientes carpetas iniciadas:

• Tortura: 55 casos.
• Cohecho (sobornos): 45 casos.
• Ejercicio ilícito del servicio público: 35 casos.
• Uso ilícito de atribuciones: 35 casos.
• Peculado y Enriquecimiento ilícito: 17 casos acumulados.

Incluso se reportaron 91 expedientes por delitos en el desempeño de funciones judiciales y administrativas, lo que evidencia una crisis de integridad que permea desde la calle hasta las oficinas administrativas, donde los mecanismos de control interno han sido insuficientes para frenar el hostigamiento contra la ciudadanía.

El discurso oficial frente a la persistencia del delito

Ante el cúmulo de evidencias estadísticas, el secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Arturo Pancardo Escudero, ha tenido que reconocer la vulnerabilidad de la Guardia Estatal, aunque limitando la respuesta institucional a la baja de los elementos involucrados cuando se acredita la responsabilidad.

“Todas las denuncias se siguen, y en las que haya evidencia se llega hasta las últimas consecuencias; vamos a tomar medidas para cualquier caso de ilícito dentro de la corporación”, afirmó el secretario, intentando proyectar una imagen de control que, al menos en el papel, no parece surtir el efecto preventivo deseado.

A pesar de los señalamientos sobre procesos internos de revisión, los registros de la Fiscalía muestran que las denuncias se mantuvieron de manera constante a lo largo del año, sin una reducción visible en la incidencia de estos casos dentro de las corporaciones señaladas.

Mientras la Secretaría de Seguridad Pública reporta acciones como la baja de elementos, las estadísticas de la Fiscalía reflejan la continuidad de investigaciones por delitos como abuso de autoridad y tortura, que siguen formando parte de las carpetas iniciadas en el periodo analizado.