El Comité de Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas determinó escalar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General del organismo internacional, advirtiendo que los patrones documentados en el país podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

La resolución subraya que, si bien no existe evidencia concluyente de una política federal deliberada para ordenar privaciones de la libertad, la magnitud de los incidentes, la sistematicidad de los ataques contra la población civil y la aquiescencia u omisión de agentes del Estado cumplen con los criterios del derecho internacional para catalogar la gravedad del fenómeno.

De acuerdo con el reciente informe de acciones urgentes de la ONU, México ocupa el primer lugar mundial con 819 de las 2,160 comunicaciones recibidas a nivel global, superando a naciones en conflicto abierto como Irak. Frente a este diagnóstico técnico, la respuesta oficial del Estado mexicano consistió en el rechazo categórico del documento, calificando sus conclusiones como tendenciosas y cuestionando el rigor jurídico de los integrantes del Comité.

La dimensión estadística del problema refleja un colapso institucional en las capacidades forenses y de procuración de justicia. Los registros oficiales de la actual administración federal reconocen un acumulado histórico de 130,178 personas desaparecidas desde el año 2006, de las cuales el 36 por ciento carece de datos mínimos que permitan ejecutar protocolos de rastreo efectivos. Este rezago se materializa en la saturación del sistema forense, donde el organismo internacional destacó el hallazgo de más de 4,500 fosas clandestinas que albergan alrededor de 6,200 cadáveres, aunado a la existencia de más de 72,000 restos humanos no identificados. En paralelo, el desmantelamiento de instituciones especializadas y las deficiencias en la integración de carpetas de investigación perpetúan una impunidad activa; a la fecha, menos del seis por ciento de los casos de desaparición forzada han derivado en el procesamiento de los responsables, y el número de condenas se mantiene en márgenes estadísticamente insignificantes.

En este contexto de inoperancia estatal, el peso de las investigaciones recae sobre los colectivos de familiares, quienes enfrentan un escenario de violencia sistemática sin mecanismos de protección eficaces. Un análisis reciente de la organización Artículo 19 documentó que 43 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas desde el año 2010, evidenciando un patrón de ataques focalizados para inhibir la localización de víctimas y la exigencia de justicia. El estado de Guanajuato se consolida como la entidad de mayor letalidad para estas labores, seguido de entidades que concentran altas tasas de desaparición como Jalisco y Tamaulipas. Especialistas en derecho internacional han advertido que la negativa del gobierno mexicano a aceptar el diagnóstico de la ONU y la descalificación de los organismos de supervisión representan un retroceso que debilita al Estado en el ámbito diplomático y obstaculiza el desarrollo de una política pública integral orientada a la verdad y la reparación.