El reloj avanza de forma implacable en el Golfo Pérsico. A tan solo cinco días de que expire el ultimátum fijado por el presidente estadounidense Donald Trump, la comunidad internacional observa con cautela la frágil línea entre un histórico acuerdo diplomático o una intervención militar directa. El mandatario republicano ha trazado una línea roja clara: si Irán no reabre por completo el tránsito en el estrecho de Ormuz para el próximo lunes 6 de abril a las 20:00 horas, las fuerzas armadas de Estados Unidos destruirán las centrales eléctricas del país islámico.

La crisis, que se ha recrudecido desde el inicio de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel a finales de febrero, se encuentra actualmente en una tensa pausa. La Casa Blanca extendió recientemente este plazo argumentando que las autoridades en Teherán están “suplicando llegar a un acuerdo” y han permitido el paso de una decena de buques petroleros como muestra de buena voluntad.

La dualidad de Washington: Diplomacia y tropas Actualmente, la estrategia de la administración Trump opera en dos frentes radicalmente opuestos. Por un lado, se mantiene sobre la mesa un ambicioso plan de 15 puntos propuesto por Washington, el cual exige el desmantelamiento total del programa nuclear iraní a cambio del levantamiento absoluto de las sanciones económicas. Estas negociaciones están siendo lideradas por el círculo de máxima confianza del presidente: el vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y su yerno, Jared Kushner.

Sin embargo, detrás de la diplomacia, el músculo militar se tensa. Reportes recientes indican que el Pentágono no ha detenido sus preparativos y afina los detalles para un posible “golpe final” que incluso contemplaría el despliegue de fuerzas terrestres.

Esta doble táctica ha generado un profundo rechazo en el gobierno iraní. El ministro de Exteriores, Abás Araqchí, acusó a Washington de enviar “señales de contradicción”, denunciando que es imposible sostener un diálogo de paz genuino mientras el ejército estadounidense continúa agrupando fuerzas en la región y amenaza con destruir la infraestructura crítica civil.