La justicia transfronteriza finalmente alcanzó al círculo más íntimo del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron en El Paso, Texas, a su esposa y expresidenta del DIF estatal, Olga Gómez Fong. De acuerdo con la ficha de arresto, actualmente se encuentra bajo custodia en el Centro de Procesamiento de El Paso, donde las autoridades estadounidenses definirán su estatus y su eventual entrega a la justicia mexicana.

El cerco legal y los amparos fallidos La captura de Gómez Fong pone fin a años de evasión judicial. Desde el año 2020 —poco antes de que su esposo fuera arrestado en Miami, Florida—, la ex primera dama de Chihuahua tramitó una serie de amparos para evitar ser detenida y extraditada a México. Aunque logró obtener protección temporal para delitos que no ameritaban prisión preventiva oficiosa, el 25 de agosto de 2020 un juez de control de Chihuahua libró una orden de aprehensión en su contra.

Ese mismo año, el juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Juan Mateo de Brieba Castro, le negó la suspensión definitiva contra la extradición, obligándola a mantenerse con un bajo perfil en el país vecino hasta el día de hoy.

Las acusaciones de saqueo y triangulación Aunque durante su gestión frente al DIF Estatal (2010-2016) mantuvo una imagen pública de beneficencia, las investigaciones la señalan como una pieza clave en la maquinaria de desvíos de su esposo. A nivel federal, Gómez Fong figura en las indagatorias por su presunta colaboración en el delito de lavado de dinero por 73 millones de pesos, operando esquemas financieros para extraer recursos públicos desde la Secretaría de Hacienda estatal bajo la fachada de supuestos apoyos al sector ganadero.

El estatus judicial de César Duarte La sorpresiva detención de Gómez Fong ocurre en un momento procesal crítico para César Duarte, quien enfrenta graves acusaciones por lavado de dinero y un peculado histórico estimado en mil 200 millones de pesos, presuntamente desviados del erario chihuahuense para financiar campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Apenas este año, el exmandatario logró que el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, le concediera una suspensión definitiva. Esta medida cautelar no le otorga la libertad, pero frena por tiempo indefinido la apertura de su juicio oral una vez que concluya la etapa intermedia, estancando temporalmente el proceso penal en su contra.