Plantean hasta 18 meses de prisión por amenazas en Quintana Roo
El Congreso del Estado de Quintana Roo analiza una iniciativa legislativa orientada a endurecer las sanciones contra el delito de amenazas, estableciendo penas corporales de hasta dieciocho meses de prisión para quienes amaguen a servidores públicos, personal docente y actores clave en procesos judiciales.
La propuesta, impulsada en el poder legislativo estatal para modificar el artículo ciento veintitrés del Código Penal local,busca otorgar mayor protección jurídica a jueces, fiscales, víctimas, testigos y trabajadores de instituciones educativas que frecuentemente enfrentan intimidaciones en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con el dictamen turnado a comisiones para su análisis y discusión, la reforma contempla incrementar de forma significativa los rangos punitivos vigentes, elevando las penas mínimas y máximas de privación de la libertad, además de ampliar los periodos obligatorios de trabajo comunitario para los agresores.
Los legisladores promotrices de la iniciativa argumentaron que las conductas intimidatorias dirigidas contra el personal de planteles escolares y operadores de justicia no sólo vulneran la integridad emocional y la estabilidad laboral de los afectados, sino que también obstaculizan gravemente el funcionamiento operativo de las instituciones públicas y sociales.En el ámbito educativo, la exposición a acusaciones falsas y coacciones representa un riesgo directo para la trayectoria profesional del magisterio, por lo que se consideró indispensable tipificar estas conductas con mayor rigor normativo.
El proyecto legislativo continuará su ruta en el pleno del Congreso de Quintana Roo, donde requerirá la votación por mayoría simple de los diputados integrantes de la legislatura para su eventual aprobación y posterior promulgación en el Periódico Oficial del Estado. Con estas modificaciones, las autoridades locales buscan inhibir las prácticas de coacción y dotar a los aparatos de procuración de justicia de herramientas legales más eficaces para garantizar la seguridad de la ciudadanía y de quienes desempeñan labores esenciales en la entidad.

