Washington, D.C.— En lo que representa una escalada sin precedentes en la politización de las agencias de seguridad estadounidenses, la administración Trump ha desplegado a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) para investigar supuestos casos de fraude electoral de cara a las elecciones intermedias.

A través de visitas directas a los domicilios de los ciudadanos y operaciones de vigilancia, el gobierno federal busca validar a la fuerza una narrativa de votación masiva de “no ciudadanos”, un fraude que las propias autoridades han sido incapaces de demostrar.

Organizaciones defensoras de la democracia han denunciado que esta ofensiva es una clara “militarización” del ICE contra los votantes, diseñada para infundir miedo y suprimir la participación ciudadana bajo el pretexto de la integridad electoral. El fracaso de esta narrativa quedó en evidencia recientemente cuando funcionarios de Seguridad Nacional afirmaron haber detectado a casi 16,000 no ciudadanos en los padrones electorales de Nevada, pero finalmente fueron incapaces de presentar pruebas de un solo votante registrado de manera ilegal.

Frenos judiciales ante el acoso federal

La cacería de brujas impulsada por la Casa Blanca ha comenzado a topar con la resistencia de los tribunales. Apenas este miércoles, un juez federal en Missouri emitió una orden judicial preliminar que restringe directamente las investigaciones de fraude electoral que el HSI estaba llevando a cabo en el estado.

A pesar de los reveses legales y la falta de evidencia sistémica, el gobierno continúa utilizando casos aislados de arrestos de inmigrantes para justificar un operativo nacional que destina recursos millonarios a la intimidación de las minorías.

El uso de agentes armados para interrogar a ciudadanos sobre su estatus migratorio y sus hábitos de votación rompe con décadas de normas institucionales. Esta estrategia de asedio confirma que, ante la falta de pruebas reales para sustentar sus teorías de conspiración, la administración está dispuesta a utilizar el aparato coercitivo del Estado para fabricar culpables y sembrar la desconfianza en el sistema democrático.