Ciudad de México.— En un fallo judicial que consolide la política de exclusión y el sectarismo oficial hacia el sector académico que no se alinea con los intereses del régimen, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Con esta resolución, el máximo tribunal avala las restricciones que marginan y niegan de tajo los apoyos económicos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a aquellos académicos que laboran en instituciones de educación superior de carácter privado.

La decisión de la Corte desecha los recursos legales interpuestos por diversos sectores académicos que denunciaban la inconstitucionalidad de esta normativa, la cual introduce un sesgo discriminatorio inadmisible.

Al condicionar los estímulos económicos y reconocimientos basándose en el origen administrativo de la institución de adscripción, el Estado mexicano vulnera el principio de universalidad del conocimiento y castiga a miles de investigadores cuya producción científica, tecnológica y humanística beneficia directamente al país, sin importar si laboran en el sector público o privado.

Un duro golpe a la ciencia y la pluralidad académica

Especialistas e integrantes de la comunidad científica han reprobado enérgicamente este fallo, advirtiendo que la medida forma parte de la estrategia gubernamental para centralizar el control ideológico de la ciencia, premiando la lealtad política por encima del mérito académico.

Al retirar los estímulos económicos a los investigadores de universidades privadas, el régimen no solo precariza la labor científica, sino que debilita el ecosistema de investigación nacional en un momento crítico donde México requiere del talento de todas sus mentes para enfrentar los grandes rezagos estructurales.

Con este veredicto, el Poder Judicial avala la visión excluyente del oficialismo, demostrando que la ciencia y la investigación en el México actual se encuentran subordinadas a los caprichos ideológicos y presupuestales de una administración que ve enemigos donde debería haber aliados para el desarrollo nacional.