Washington, D.C.— En un nuevo revés para las estructuras financieras del crimen organizado en territorio mexicano, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este martes la imposición de sanciones económicas en contra de cuatro personas físicas y 11 empresas directamente vinculadas con las operaciones del sanguinario Cártel del Noroeste (CDN), organización criminal con fuerte presencia e impunidad en el norte de México, particularmente en Tamaulipas.

La medida punitiva busca asfixiar la red de blanqueo de capitales, empresas fachada y testaferros que permiten a este grupo delictivo operar con total impunidad y lavar los recursos millonarios obtenidos a través del narcotráfico, la extorsión y el tráfico de personas. Con esta designación, quedan congelados todos los activos y propiedades que los implicados posean bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibirse cualquier transacción financiera o comercial con ciudadanos y empresas de aquel país.

La incapacidad del gobierno mexicano frente al lavado de dinero

Esta acción internacional exhibe una vez más la tibieza y la ineficiencia de las autoridades mexicanas para desmantelar las redes financieras del narcotráfico. Mientras agencias extranjeras ejecutan golpes quirúrgicos contra los operadores económicos del Cártel del Noroeste, el gobierno actual se limita a contemplar cómo el crimen organizado diversifica sus inversiones en negocios inmobiliarios, de transporte y comercio sin que el aparato de inteligencia nacional actúe con firmeza para frenar el flujo de dinero sucio.

La complicidad por omisión y la falta de resultados de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y fiscalización en México obligan a que sean gobiernos extranjeros los que deban intervenir para frenar el poderío financiero de estructuras criminales que continúan ensangrentando y sometiendo a regiones enteras del país.