El Tribunal de Disciplina Judicial dictó la destitución de un juez federal con sede en el estado de Colima tras determinar que incurrió en conductas contrarias a la legalidad al emitir resoluciones que contravenían los intereses de la administración pública federal.

De acuerdo con la notificación oficial emitida por el órgano disciplinario, la medida se originó a raíz de una queja interpuesta por instancias del Poder Ejecutivo, encabezadas por la presidencia de la República, en la que se cuestionó el actuar del impartidor de justicia al otorgar suspensiones definitivas que frenaban obras e iniciativas prioritarias del gobierno. Los magistrados del Tribunal concluyeron que el juzgador extralimitó sus facultades legales y actuó con parcialidad manifiesta, configurando causales graves de responsabilidad administrativa que ameritaban la separación inmediata del cargo sin goce de percepciones ni derecho a liquidación.

La decisión generó un intenso debate entre especialistas en derecho constitucional y colegios de abogados, quienes advirtieron que este tipo de resoluciones disciplinarias sientan un precedente delicado sobre los límites de la actuación judicial frente a los actos del poder político. Mientras sectores afines al gobierno federal celebraron la medida como un paso firme contra la corrupción y el uso faccioso del amparo, organizaciones defensoras de la división de poderes señalaron que la destitución vulnera la independencia con la que deben contar los jueces para dictar sentencias libres de presiones políticas.