Menores alertan por WhatsApp 73% de violencia escolar en CDMX
Siete de cada diez llamadas de auxilio por violencia en escuelas recibidas por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México provienen de niñas, niños y adolescentes que utilizan WhatsApp como canal de denuncia, lo que ha permitido desactivar ataques y clausurar foros digitales de odio.
Desde 2019 a la fecha, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha acumulado alrededor de 3 mil reportes vinculados con incidentes violentos en planteles educativos, tanto de la capital como de otras entidades del país. De acuerdo con los registros de la institución, el 73 por ciento de estas alertas son enviadas directamente por los propios estudiantes mediante mensajería instantánea, una vía que les permite romper el silencio y aportar datos cruciales sin comprometer su integridad ni enfrentarse a trámites burocráticos ante un ministerio público.
Gabriela González García, directora general del organismo, explicó que mientras los adultos suelen comunicarse para denunciar delitos patrimoniales o problemas de seguridad general, en el ámbito escolar son los menores quienes asumen el protagonismo para alertar sobre acoso, agresiones y ciberbullying. El grueso de estos avisos se concentra en jóvenes de entre 12 y 15 años, estudiantes de secundaria que representan el 46 por ciento de las solicitudes globales de apoyo.
En cuanto a la tipología de las agresiones reportadas, la violencia física encabeza las estadísticas con un 30 por ciento, seguida muy de cerca por el maltrato verbal, que alcanza el 20.7 por ciento. En un tercer peldaño se ubica el hostigamiento cibernético, una modalidad que de manera recurrente trasciende el espacio virtual para detonar en confrontaciones físicas dentro o en los alrededores de las aulas. Respecto a los involucrados, el 81 por ciento de los incidentes se produce entre el mismo alumnado, mientras que el 19 por ciento restante corresponde a conductas violentas dirigidas hacia profesores y personal administrativo.
La información recabada por el Consejo ha puesto al descubierto un patrón recurrente de gestación de la violencia: estudiantes que comienzan a externar intenciones lesivas en comunidades de internet, donde encuentran retroalimentación y respaldo anónimo que termina por empujarlos a materializar sus amenazas. Al percatarse de estas conductas, otros jóvenes que comparten esos espacios virtuales recurren a la línea de ayuda ciudadana para entregar pistas, capturas y ubicaciones que facilitan frenar posibles tragedias y dar de baja los foros involucrados.
Tras recibir los reportes, el personal del organismo procede a cotejar y validar los testimonios para posteriormente remitirlos a las dependencias de procuración de justicia correspondientes a cada estado, garantizando en todo momento la confidencialidad de los informantes para evitar represalias.
Este fenómeno se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad escolar en el país, impulsado por episodios de extrema gravedad como el suscitado recientemente en una secundaria de Torreón, Coahuila, donde una subdirectora perdió la vida y tres personas resultaron lesionadas tras una agresión atribuida a dos exalumnos. Datos del especialista en seguridad Víctor Manuel Sánchez apuntan a que de 2017 a septiembre del año en curso se han registrado 157 incidentes con armas de fuego en planteles educativos de México, de los cuales 31 corresponden a este año, marcando el periodo más violento del que se tenga registro.
Paralelamente, el Consejo Ciudadano ha llamado la atención sobre la radicalización que se genera a través de algoritmos en redes sociales y entornos digitales de videojuegos, los cuales suelen orientar a jóvenes en situación de soledad o aislamiento hacia subculturas digitales como las comunidades denominadas «incel». Estas plataformas validan la frustración individual y la transforman en posturas misóginas y discursos de odio, por lo que la organización enfatizó la necesidad urgente de que las empresas tecnológicas asuman un compromiso ético para impedir que sus mecanismos automatizados sigan alimentando la violencia entre menores.

