El gobierno estadounidense implementa un esquema de localización y cobro coactivo dirigido a migrantes retornados a territorio mexicano que mantienen adeudos fiscales y sanciones pendientes con las agencias migratorias.

A través de contratos asignados a agencias especializadas en recuperación financiera, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza intensificó los operativos para ubicar a deudores fuera de las fronteras norteamericanas. Las acciones contemplan la recopilación de datos domiciliarios y laborales en México para exigir el cumplimiento de las multas civiles acumuladas por procesos migratorios previos.

Las autoridades federales buscan canalizar los pagos pendientes mediante plataformas de liquidación internacional y convenios de cobro a plazos. Esta medida forma parte de una ofensiva integral para endurecer la rendición de cuentas y garantizar la recuperación de fondos por sanciones acumuladas bajo la legislación de inmigración.