Los familiares de la activista y abogada expresaron su absoluto rechazo ante las determinaciones judiciales recientes, exigiendo justicia plena y el cierre definitivo de cualquier resquicio de impunidad en el proceso.

Los allegados a la víctima manifestaron su inconformidad con los criterios evaluados en las instancias legales, reiterando que el crimen no debe quedar sin castigo ejemplar. A través de pronunciamientos públicos, exigieron a los tribunales competentes que se agoten todas las líneas de investigación para garantizar una sentencia justa que devuelva la tranquilidad a los afectados y siente un precedente en la protección de los derechos de las mujeres.

Diversas organizaciones civiles y redes de apoyo se sumaron a la exigencia de los familiares, cuestionando los tiempos y los resolutivos emitidos por los órganos encargados de impartir justicia. Las agrupaciones subrayaron que el caso representa una prueba clave para medir la eficacia del sistema penal frente a la violencia de género y los ataques sistemáticos contra defensoras de derechos humanos en el país.

Los asesores jurídicos de la familia indicaron que continuarán interponiendo los recursos legales necesarios para impugnar cualquier resolución que consideren favorable a los implicados. Las instancias judiciales deberán ponderar los agravios presentados para definir las siguientes etapas del litigio, mientras la presión social y mediática se mantiene firme en demanda de una revisión exhaustiva del expediente.