El poder legislativo perfila una normativa nacional para homologar los protocolos de investigación y erradicar la impunidad en los casos de violencia de género extrema.

El Senado de la República retomó la discusión para consolidar un marco normativo único en todo el país, buscando superar las disparidades que actualmente existen entre los códigos penales de las distintas entidades federativas. Esta propuesta pretende establecer criterios estandarizados que faciliten la persecución penal y garanticen una actuación ministerial más eficiente desde el primer contacto con la víctima indirecta o la denuncia formal.

La iniciativa en análisis contempla la unificación de los tipos penales y las agravantes asociadas al delito, asegurando que cualquier fiscalía estatal aplique exactamente la misma definición técnica para clasificar la violencia letal por razones de género. Asimismo, incorpora directrices estrictas para la preservación de indicios, la capacitación obligatoria de los operadores de justicia y la implementación de protocolos de protección inmediata para salvaguardar el entorno de las afectadas.

Más allá de endurecer las sanciones privativas de la libertad, el dictamen proyecta la creación de mecanismos de supervisión directa sobre las actuaciones ministeriales, sancionando la omisión o la negligencia institucional. Con este rediseño estructural, el Congreso federal busca responder a las exigencias de colectivos y organizaciones civiles que durante años han reclamado un sistema de justicia transparente, expedito y con perspectiva de género en el territorio nacional.