El registro de personas no localizadas en Guerrero escaló de manera drástica durante la administración del exgobernador, exponiendo una severa crisis de seguridad institucional.

Durante el periodo de 2011 a finales de 2014, las denuncias formales documentaron un incremento sustancial en la entidad en comparación con la administración estatal previa. A pesar de que el mandato de Ángel Aguirre no concluyó su periodo constitucional, el saldo oficial arrojó 796 expedientes de víctimas cuyo paradero quedó en calidad de desconocido, marcando un repunte histórico en la región, según el análisis de datos publicado.

El ataque en Iguala visibilizó a nivel internacional el grado de vulnerabilidad civil frente a las redes delictivas. Sin embargo, la numeralia recopilada en el reporte demuestra que el territorio guerrerense ya enfrentaba un severo descontrol operativo de forma anticipada. Especialistas atribuyen este incremento acelerado de la violencia a la fragmentación de las estructuras criminales y a la proliferación de diversas células que aprovecharon el vacío de autoridad para consolidar su operación.

El escenario de impunidad dio un giro reciente cuando el cerco legal se cerró sobre el exmandatario, quien ahora enfrenta un proceso penal bajo la medida de prisión preventiva, tal como lo documentó la cobertura de El Pais. 

La autoridad ministerial sostiene que el político tuvo responsabilidad directa en el ocultamiento y la destrucción de evidencia clave, específicamente material en video que registraba la intervención y rutas de los cuerpos policiales durante las detenciones masivas.