El organismo cerró el expediente por la presunta manipulación de evidencias en el basurero de Cocula, determinando que los efectivos navales no violaron derechos humanos, en un fallo que choca frontalmente con los peritajes internacionales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una resolución que deslinda de toda responsabilidad a la Secretaría de Marina (Semar) dentro de las diligencias iniciales del caso Ayotzinapa. El documento concluye que no existen elementos probatorios para acreditar que el personal naval haya alterado la escena del crimen o manipulado indicios durante sus primeras incursiones en el basurero municipal de Cocula, Guerrero. Con esta determinación, el organismo da carpetazo a las quejas que señalaban a la corporación armada de fabricar el escenario donde, según la extinta Procuraduría General de la República (PGR), habrían sido calcinados los estudiantes.

El fallo institucional entra en conflicto directo con los hallazgos técnicos documentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En sus informes de conclusión, los investigadores internacionales revelaron material audiovisual desclasificado, captado por un dron de la propia Marina (el ANX-3501), que registró la presencia activa de marinos en la zona cero la mañana del 27 de octubre de 2014, horas antes de que la autoridad ministerial tomara control oficial del área.

Las grabaciones demostraron que los elementos descendieron al vertedero, interactuaron con el terreno, encendieron una fogata y manipularon bultos, lo que sugirió una fractura deliberada en la cadena de custodia y la alteración de la evidencia para sembrar la llamada “Verdad Histórica”. No obstante, la evaluación de la CNDH dictamina ahora que dichas acciones correspondieron estrictamente a protocolos de seguridad perimetral, descartando la existencia de un operativo clandestino de encubrimiento.

Para los representantes legales y los familiares de las 43 personas desaparecidas, esta resolución representa un revés jurídico que consolida el blindaje institucional hacia las Fuerzas Armadas. La decisión de exculpar a la Marina legitima un muro de opacidad que paraliza las líneas de investigación orientadas a castigar a los arquitectos del montaje oficial.

Esta exoneración debilita sustancialmente las carpetas de investigación de la fiscalía especial del caso y asfixia los esfuerzos por llevar a juicio a los mandos operativos navales de la época. El deslinde de la Semar se suma a la resistencia documentada del Ejército para entregar la totalidad de los folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, configurando un escenario donde el hermetismo militar termina imponiéndose sobre el derecho al acceso a la justicia y el esclarecimiento del crimen de Estado.